Ley TEA Chile: ¿Inclusión real o abandono silencioso?

A dos años de la promulgación de la Ley TEA, Chile prometió una transformación histórica en inclusión, diagnóstico y apoyo para personas autistas. Sin embargo, la realidad escolar y familiar revela una brecha profunda entre lo que establece la normativa y lo que efectivamente ocurre en aulas saturadas, hogares sin apoyo y sistemas que no logran articularse. Entre recursos desiguales, fiscalización limitada y un aumento acelerado de diagnósticos, el país enfrenta una pregunta urgente: ¿avanza hacia una inclusión real o mantiene un modelo que deja a miles de familias libradas a su propia suerte?

El 18 de marzo de 2025, un video grabado en un salón de clases del Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco se hizo viral, llegando incluso a las noticias; en él se mostraba cómo un estudiante de primero medio diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) agredió brutalmente a su profesora. A raíz de esto, las reacciones en redes sociales y la comunidad educativa no tardaron en dividirse. Por un lado, estaban aquellos que responsabilizaban al estudiante y, por el otro, los que consideraban que el establecimiento era el responsable de la situación.

Así es como surgieron diferentes interrogantes sin respuesta clara: ¿Era el estudiante el total responsable de sus actos? ¿El tener una condición como el TEA justifica un accionar violento hacia las personas? ¿Debe ser sancionada una conducta que podría estar relacionada con su condición neurológica? ¿Están los colegios y docentes realmente preparados, con las herramientas necesarias, para la inclusión de estudiantes con TEA?

Este hecho volvió a poner sobre la mesa la Ley 21.545, conocida como Ley TEA.

Ahora, a dos años de su promulgación, se han podido ver sus resultados, entre ellos el cómo se ha llevado a cabo su implementación y cuáles son los costos de este ambicioso proyecto educacional y de salud. Y es aquí donde surge la pregunta de su real funcionamiento:

¿Representa la Ley TEA un verdadero avance hacia la inclusión en los colegios chilenos o se ha convertido en una exigencia legal, que supera las capacidades reales del sistema educativo?

Aunque la Ley TEA prometía transformar la educación chilena hacia una inclusión real, muchos colegios públicos y subvencionados siguen sin contar con los recursos, la capacitación ni el apoyo necesarios para integrar efectivamente a estudiantes con autismo, revelando una inclusión más simbólica que real

Caso real: Matías y su día a día con TEA

Matías tiene 6 años y fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista nivel 3 cuando tenía apenas tres años. Su madre, Carolina, recuerda ese momento como un quiebre emocional profundo: Una cosa es sospecharlo y otra muy distinta es que te lo digan con todas sus letras. Sentí miedo, culpa, mucha tristeza. Lloré mucho. Uno tiene la idea de cómo va a ser la vida de su hijo, y de un día para otro te das cuenta de que va a ser otra. La noticia llegó sin orientación, sin red de contención ni guías prácticas. Desde entonces, su rutina cambió por completo.

La vida cotidiana de Matías y su familia está estructurada al detalle, ya que los cambios, incluso los más mínimos, pueden provocar crisis intensas. Se despierta todos los días a las 7:00 a.m., exigiendo ver su video favorito antes de hacer cualquier otra cosa. No tolera las luces intensas ni los ruidos fuertes. El solo acto de vestirse implica una batalla diaria: odia ciertas texturas, por lo que Carolina debe adaptar su ropa con precisión. “A veces me toma veinte minutos lograr que se ponga los calcetines. Si algo no está como él espera, se bloquea o llora”, explica.

Cada aspecto del día está determinado por la necesidad de mantener el equilibrio emocional de Matías. Las salidas a la calle son casi imposibles. Ir al supermercado o subir al transporte público pueden ser una experiencia traumática. “Una vez grité porque se cayó una botella de vidrio. Él entró en crisis. Se tiró al suelo, se tapó los oídos, lloró sin parar. La gente nos miraba como si yo fuera una mala madre. Nadie entiende”, relata Carolina.

Además del desgaste emocional, la carga física y mental que implica cuidar a Matías ha tenido consecuencias en su salud.

“Me he enfermado del colon, tengo insomnio, ansiedad. Pero no hay espacio para quebrarse. Soy mamá 24/7, y además terapeuta, profesora, psicóloga. No hay red de apoyo. Todo cae sobre mí. A veces me miro al espejo y no me reconozco”.

Desde la promulgación de la Ley TEA, Carolina esperaba algún tipo de cambio: apoyo técnico, acompañamiento, un profesional que la orientara. Sin embargo, nada de eso ha llegado. “La ley fue una noticia en la tele, nada más. Nadie vino a explicarnos qué derechos tenemos. El colegio tampoco ha cambiado. No hay más recursos, ni más profesionales. Todo sigue igual. Es como si se hubiera firmado solo para la foto”.

La educación de Matías, incluso en un entorno “especial”, carece de personal capacitado y planes individualizados. Carolina denuncia que su hijo no tiene un plan educativo real: “Él va para estar ocupado, pero de aprender, no aprende mucho. Hay muchos niños con diagnósticos distintos, y las tías hacen lo que pueden, pero no dan abasto”. La falta de seguimiento, materiales adaptados y continuidad en las estrategias hace que muchos avances logrados en casa se pierdan en el contexto escolar.

Pese al cansancio, Carolina sigue adelante, convencida de que su hijo merece una vida digna, no desde la comparación, sino desde el respeto a su forma particular de estar en el mundo. “Aprendí a conocerlo como realmente es. Aunque no hable, se comunica conmigo. Aunque no me mire, me siente. Ya no quiero que sea como los demás, quiero que sea feliz como él es. Pero ese camino es muy solitario. Nadie te prepara para esto”.

A modo de reflexión, lanza una crítica clara hacia el Estado: “Que venga una autoridad a mi casa. Que vea lo que es criar a un niño con autismo severo. Que lo intente llevar al supermercado. Que hable con el colegio y escuche cómo todo es ‘no se puede’. Y que después me diga si esta ley ha cambiado algo. Porque desde mi realidad, es solo una promesa vacía”.

Como Carolina, muchos son los casos de familias que se ven enfrentadas a la realidad de tener hijos con TEA en un sistema que no es realmente inclusivo con ellos, ni que entrega las herramientas o el apoyo necesarios para un desarrollo adecuado.

Ley TEA en Chile: la búsqueda de inclusión y derechos

El propósito principal con el que se creó la Ley TEA fue conseguir una inclusión social real para las personas pertenecientes al espectro autista, mediante una atención integral, abarcando diferentes ámbitos de sus vidas como el social, de salud y de educación. Esto permite brindarles el derecho a la educación como a cualquier niño, sin que sean rechazados por su condición y permitiendo que tengan el acompañamiento y las herramientas necesarias para su correcto desarrollo escolar y aprendizaje. En cuanto al área de salud, se busca brindar apoyo en temas reproductivos, para que puedan llevar una vida normal e independiente, además del trabajo para una detección temprana del TEA y diferentes tratamientos que puedan ayudar a que los niños tengan una mejor calidad de vida futura.

Todo esto va acompañado de la protección y regulación de sus derechos para así eliminar cualquier forma de discriminación que pueda existir, ya sea en los colegios, trabajos o en la sociedad, de modo que puedan tener una vida digna e integral.

Además, la Ley permite que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud actúen de manera coordinada, trabajando en la inclusión, el diagnóstico y el acceso a tratamientos adecuados para las personas con TEA.

“Nos llevan prometiendo desde hace 10 años la creación de esta ley y desde su creación he visto cambios: ahora no tengo que esperar para que atiendan a Luciano cada vez que tengo que llevarlo al médico o a la psiquiatra; mi marido puede pedir permiso al trabajo para ir a buscar a nuestro hijo cuando este se desregula en el colegio, sin miedo a que lo echen; ahora los colegios están en la obligación de entregarme a mi hijo regulado y no en plena crisis para que yo me haga cargo, como se hacía antes. Hay cambios, sin embargo, aún faltan cosas por mejorar”, comenta Juana Pérez, madre de un niño con diagnostico nivel dos de TEA, al preguntarle por la Ley.

Ley TEA en lo educativo

En el ámbito educativo, la Ley TEA impone responsabilidades claras al Estado y a los establecimientos escolares. Se requiere que las instituciones de educación integren principios de inclusión en sus reglamentos internos, adaptando los procesos pedagógicos y metodológicos para responder a las necesidades específicas de estudiantes con TEA. Esto implica la realización de ajustes curriculares individualizados, la eliminación de barreras físicas, actitudinales o administrativas, y la creación de espacios libres de violencia y discriminación. Además, se establece la obligatoriedad de capacitar a docentes y asistentes de la educación en materias relacionadas con neurodiversidad, enfoques pedagógicos inclusivos y comprensión del TEA.

Sin embargo, este último punto no se ha visto reflejado en la implementación de la Ley, pues dichas capacitaciones no son llevadas a cabo en la mayoría de las instituciones educacionales, lo que da paso a docentes que no tienen la suficiente preparación para tratar con niños TEA. “No ha existido una capacitación formal docente ni adaptaciones en la infraestructura, lo que limita mucho el alcance de los esfuerzos inclusivos (…). La ley no considera los recursos humanos ni materiales que requieren nuestros estudiantes”, señala la profesora Claudia Baros, profesora de Historia en el Liceo Lenka Franulic, de Ñuñoa, quien ha trabajado con niños TEA desde 2019.

Entre tanto, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) ha sido destinado a jugar un rol importante al asegurar que los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo las del espectro autista, y en la búsqueda por que se respeten en los espacios educativos, pudiendo intervenir en casos de discriminación.

Aunque en algunos casos, como el de Carolina, pese a que el espacio educativo donde estudia su hijo con TEA se respeta, sigue existiendo la barrera del “no se puede” que entregan los docentes ante la falta de preparación y recursos.

Por otro lado, para apoyar la implementación de la Ley TEA, el MINEDUC constituyó, en agosto de 2023, una Mesa Técnica Intersectorial que se encuentra compuesta por representantes del gobierno, municipalidades, expertos, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud y educación. Esta mesa ha tenido como propósito identificar barreras en el acceso, permanencia y progreso de estudiantes con TEA, así como proponer soluciones prácticas y elaborar orientaciones técnicas para las comunidades educativas. Hasta marzo de 2024, la Mesa Técnica ha realizado cinco sesiones de trabajo, culminando en un informe que reúne propuestas de mejora en áreas clave como ajustes curriculares, convivencia escolar, bienestar emocional, formación docente y transiciones educativas.

Entre los avances concretos se destaca la creación del “Maletín de la Diversidad Funcional”, un conjunto de recursos pedagógicos para la inclusión de estudiantes neurodivergentes, y la capacitación de más de 16.000 profesionales del sistema escolar. No obstante, diversos actores han señalado desafíos persistentes como la carga administrativa excesiva, la falta de profesionales especializados en todos los niveles del sistema, y la desigual implementación de las medidas de inclusión, especialmente en zonas rurales o vulnerables.

Financiamiento de la Ley TEA

Desde el punto de vista financiero, la Ley TEA no contempla la creación de una subvención específica o un fondo adicional exclusivo para su implementación. En cambio, los recursos provienen de mecanismos ya existentes dentro del sistema de financiamiento escolar chileno: la Subvención Escolar General (USE), el Programa de Integración Escolar (PIE) y la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (MINEDUC) de marzo de 2024, un total de 70.051 estudiantes con diagnóstico TEA se encuentran matriculados en el sistema subvencionado. De ellos, 63.642 están en establecimientos con PIE y 6.409 en escuelas especiales.

Sin embargo, dichos recursos no son suficientes para dar abasto en el sistema y son repartidos de manera desigual en las diferentes instituciones, lo que dificulta el correcto funcionamiento de la Ley y lo que prometía cumplir. “Creo que se ha creado una expectativa social que el Estado sí puede cumplir, pero tiene que cumplirlo precisamente avanzando con el tema de un mayor gasto social, y ese mayor gasto social tiene que financiarse con ingresos permanentes. Porque este no es un gasto que vaya a hacerse solamente una vez, sino que es una política pública que tiene en mente proyectarse en el tiempo. Entonces, tenemos que avanzar en un mayor crecimiento, en una mayor distribución de las riquezas para poder financiar políticas como estas”, señala la diputada Emilia Schneider en una entrevista para este reportaje.

Respecto a la fiscalización, la Superintendencia de Educación es la entidad encargada de velar por la correcta entrega y uso de los recursos públicos, además de supervisar que los establecimientos educativos cumplan con los requerimientos establecidos en la ley. Esta institución puede aplicar sanciones como multas, suspensión de subvenciones o la pérdida del reconocimiento oficial en caso de mal uso de los fondos o incumplimiento de las medidas de inclusión.

Sin embargo, mediante Ley de Transparencia, el organismo no otorgó respuesta a la petición de rendición de cuentas de los colegios y el uso que estos realizaron con los recursos públicos durante los últimos tres años. Según las respuestas entregadas, debía derivarse a otro organismo encargado, del cual jamás se indicó un nombre en concreto. Por otro lado, el Ministerio de Educación señaló que efectivamente es Superintendencia de Educación a donde se derivan dichas peticiones.

Respuesta entregada por la Superintendencia de Educación Superior mediante Ley de Transparencia.
Respuesta entregada por la Subsecretaría de Educación mediante Ley de Transparencia.

Ley TEA y sus cifras alarmantes

Tras la promulgación de la Ley TEA el 2 de marzo de 2023 y su posterior puesta en funcionamiento, los montos de dinero entregados a los establecimientos para hacer funcionar el programa PIE comenzaron a aumentar paulatinamente. Pero la disparidad en los montos entre establecimientos no mejoró, sino que la brecha comenzó a hacerse más grande. Mientras que algunos establecimientos recibían montos bajo los 100.000 pesos al mes, otros recibían más de 90 millones de pesos.

La aplicación de la Ley TEA en colegios públicos y subvencionados muestra diferencias importantes según los recursos y condiciones de cada establecimiento, esto permite observar cómo la normativa ha estado avanzando realmente.

Cifras recibidas mediante Ley de Transparencia.

Esto lleva a tener diferentes interrogantes:

  • ¿Es realmente necesario que un establecimiento educacional tenga que recibir más de $90 millones mensuales, durante los 12 meses del año, para mantener sus programas de inclusión?
  • ¿Puede un establecimiento sustentar sus programas para una inclusión real recibiendo menos de $30.000 para todo un mes?
  • ¿Cuáles son los parámetros que deciden qué colegios recibirán más o menos dinero y por qué?

Entrega de montos PIE

En cuanto a los montos, aunque varían según tipo de establecimiento y tramo de enseñanza, los aportes PIE oscilan entre $180.000 a $300.000 anuales por estudiante, mientras que la USE básica promedia alrededor de $57.000 mensuales por alumno, ajustado por variables como ruralidad, vulnerabilidad y nivel educativo. Estos montos deben destinarse al fortalecimiento del equipo PIE (psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros), a la implementación de adecuaciones curriculares y a la capacitación de los equipos docentes y directivos. La gestión de estos fondos recae sobre los sostenedores de los establecimientos, quienes tienen la obligación de rendir cuentas ante la Superintendencia de Educación y el MINEDUC.

Sin embargo, ¿cómo se justifica que existan establecimientos recibiendo más de 90 millones de pesos mensuales?

Para que ingresos tan altos sean justificados, sería necesario que un establecimiento tuviera alrededor de 225 estudiantes en el programa PIE con apoyo permanente y que genere alrededor de $250.000-$450.000 mensuales en subvención. Para tener tantos estudiantes PIE la matrícula total aproximada del establecimiento debería ser mayor a los 2.000 estudiantes con un porcentaje de alumnos PIE entre 10-15%, cifra extremadamente elevada.

Además, se requerirían entre 34-45 profesionales PIE contratados a tiempo completo, teniendo sueldos aproximados de:

  • Educadora diferencial: $1.300.000–$1.800.000.
  • Psicólogo/a: $1.000.000–$1.600.000.
  • Fonoaudiólogo/a: $1.000.000–$1.700.000.
  • Terapeuta ocupacional: $1.000.000–$1.800.000.
  • Asistentes PIE / técnicos: $600.000–$900.000.

En el caso de los cinco colegios con mayores ingresos PIE, las matrículas según los datos de sus sitios webs son las siguientes:

  • Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás con 2.550 estudiantes.
  • Instituto Claret con 3.136 estudiantes.
  • Liceo La Asunción con 2.570 estudiantes.
  • Colegio Metodista William Taylor con 1.711 estudiantes.
  • Liceo 131 con 3.126 estudiantes.

Sin embargo, si se comparan con un establecimiento que también supere los 2.000 estudiantes como el Liceo Javiera Carrera con una matrícula de 2.287, este establecimiento solo recibió un monto de $19.997.447 mensual. Esto deja a la vista una posible problemática en la repartición de dineros en los diferentes colegios de Chile, la que influye directamente en los apoyos que reciben los niños TEA.

Entonces, tras la implementación de la Ley TEA, ¿la inclusión escolar está siendo efectiva o en la práctica sigue siendo un desafío que el sistema educativo no ha logrado abordar adecuadamente?

Datos PIE recibidos mediante Ley de Transparencia.

Aumento de los casos TEA: la importancia de mejorar el sistema

Una de las razones que hace más evidente la urgencia de mejorar el sistema de inclusión que ha quedado al debe en la Ley TEA, es el enorme aumento de casos de personas con espectro autista. En los últimos años se ha reportado un aumento en la prevalencia del TEA a nivel mundial. Por ejemplo, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la prevalencia de niños diagnosticados pasó de 1 de cada 54 durante 2020 a 1 de cada 31 durante 2022, un aumento considerable en comparación a los registros de 2000, donde 1 de cada 150 niños registrados era diagnosticado con TEA.

Del mismo modo, Chile tampoco se queda atrás. Según un estudio publicado en la revista Andes Pediátrica, en 2021 se estimó que la prevalencia del espectro autista en el país correspondía al 1,06 % de la población, con una proporción de 2,2 hombres por cada mujer diagnosticada. Dicho estudio señala también que entre 1990 y 2021 los casos anuales y los años vividos con discapacidad (AVD) aumentaron aproximadamente un 75 % en adultos, mientras que en niños y adolescentes se mantuvieron estables.

Respecto al aumento de casos del Trastorno del Espectro Autista en adultos, según datos de un estudio publicado en JAMA Network Open en octubre del 2024, la prevalencia en adultos fue notablemente baja, especialmente en aquellos que tenían 45 años o más, esto en comparación al aumento en niños de entre 5 y 8 años. Sin embargo, los adultos jóvenes de 26 a 34 años tuvieron un aumento del diagnóstico mucho más elevado, alcanzando tasas del 450 %. Así, en una década el TEA ha aumentado un 175 % sus diagnósticos en niños y adultos.

Como parte de las personas que se encuentran en esa cifra está Lynda Pavez, profesora, química e investigadora de la Universidad Católica de Chile, quien hace apenas seis años se enteró de que tenía TEA.

“Igual es como todo un tema, porque hay muchos adultos que justamente hace poco se enteran de que tienen autismo. Porque antes les decían, ‘no, tiene usted cualquier cosa menos autismo’. Y el tema es que, como no sabes lo que tienes, te sientes como un bicho raro. Te pasan otras cosas. Por ejemplo, yo pasé por depresión por muchos años. Entonces, ¿cuánta gente no queda en el camino? O sea, ¿cuánta gente no piensa que tiene algún problema? Y ni siquiera intenta hacer cosas y nunca sabe que ese es su problema. Entonces, ¿cuántas cosas se podrían haber ahorrado? Por ejemplo, si yo hubiera sabido que tenía autismo hace 10 o 15 años atrás,  habría podido buscar más ayudas. Podría haber hecho algo a tiempo“.

Pero no puedo culparme por las cosas que no sabía cómo hacer y que, al final, la sociedad tampoco sabía. De hecho, en algún momento hubo solo apoyo para los niños y se olvidaron de los adultos. Ahora, con la nueva Ley que sacaron sobre el tema del autismo, se supone que resguarda los derechos de todos, pero… ¿Qué tanto?

Diversos expertos de la Fundación TEA Chile coinciden en que el aumento de los diagnósticos de TEA a nivel general está relacionado en gran medida con la mejora en la capacidad de la identificación temprana, pero debido a lo amplio y complejo del espectro algunos aún debaten sobre las causas subyacentes del trastorno, como factores medioambientales o biológicos. A esto debe agregarse que el nivel más bajo de autismo es mucho más difícil de reconocer en relación a los otros dos, debido a la poca presencia de manifestaciones distintivas.

Según el informe del CDC antes mencionado, el director del Instituto de Tratamiento e Investigación de Trastornos del Espectro Autista (TRIAD) de los Estados Unidos, Zachary Warren, menciona que las enormes mejoras en la identificación del autismo han permitido detectar casos que antes podrían haber pasado inadvertidos o que podrían haberse confundido con cualquier otra afección.

Por otra parte, el médico psiquiatra infanto-juvenil, consultor en desarrollo infantil, educación, inclusión, convivencia y autoconocimiento, Christian Plebst, mencionó en diálogos con Infobae que las mejoras en las herramientas de detección no son la única explicación a este fenómeno, sino que también refleja un fenómeno social y biológico de mayor profundidad y alcance.

Plebst menciona que existen algunos obstaculizadores del desarrollo temprano que podrían llevar a provocar el TEA. Entre ellos destaca el uso de las pantallas. Según el psiquiatra, que los bebés y niños pequeños utilicen dispositivos electrónicos a tan temprana edad los limita de aprender mediante la experiencia corporal, lo que produce una “pérdida del movimiento libre y el predominio de entornos sobreestimulantes desde la primera infancia”.

“El bebé aprende todo a través de los sentidos, y esos sentidos necesitan un entorno que los acompañe al ritmo adecuado. Si por algún motivo ese entorno falla —aunque sea sin intención— o el cerebro del niño tiene algún tipo de vulnerabilidad, el desarrollo puede descarrilar”, menciona Plebst.

A raíz de esto, el niño podría presentar dificultades para organizar sus experiencias sensoriales y aprendizaje, lo que podría ser una de las causas del TEA.

Sin embargo, la psicóloga del área clínica, Tamara Cabrera, señala que el aumento de casos también se ha visto afectado por diagnósticos precoces de personas que trabajan con el espectro autista, pero que no se encuentran especializadas realmente. “Muchas veces las personas se certifican en ADOS y empiezan a aplicarlo al tiro sin antes haber trabajado el espectro. Y ahí está el problema, porque, ¿cómo voy a lograr analizar bien el test si yo no he tenido experiencias previas en las que he visto una gama de espectro autista? Eso es lo que lleva a muchos diagnósticos erróneos”.

La psicóloga señala que los diagnósticos a veces son “tomados a la ligera”, encajando en el TEA todas las conductas que pertenecen a algún posible síntoma, aunque la causa no corresponda precisamente al espectro autista.

La otra cara de la moneda: Luciano y su experiencia con el TEA en el sistema escolar

Luciano Hinojosa, de 17 años, es un estudiante del Liceo Sotomayor Baeza que, en la actualidad, se encuentra cursando segundo medio. A los 5 años fue diagnosticado con nivel dos de TEA, no verbal, lo que ha generado que tenga dificultades comunicativas y problemas para conectar con otros y su entorno, llegando a casi no hablar.

“Luciano es un niño muy dulce e inteligente. Todos los días se esfuerza mucho por integrarse con sus compañeros. A pesar de ser TEA, Luciano se esfuerza por dar una comunicación directa: te mira a la cara, te mira a los ojos, de hecho, se pone al lado de la directora todas las mañanas a saludar a todos y todas quienes se presentan”, dice Juana Pérez, mamá de Luciano.

Para el grado de autismo de Luciano, su rutina es algo muy importante. Su madre se levanta todas las mañanas a las 6:00, se ducha, prepara el desayuno y despierta a su marido y a su hijo a las 7:05. Luciano desayuna con ella y luego su papá lo lleva hasta el liceo donde comienza su jornada escolar.

“Lucianito tiene un horario especial. El liceo le permite irse del establecimiento a las 14:00. Yo lo paso a buscar y almorzamos juntos”, agrega Juana. Su horario se encuentra precisamente regulado a sus necesidades gracias a la Ley TEA.

“Para mí, la Ley ha sido una bendición. Si me preguntas si faltan cosas, claro que sí, le faltan cosas, pero nosotras las madres que llevamos años luchando contra todo el sistema solo para que nuestros hijos puedan estar un poquito más cómodos, esta ley es un gran alivio, aunque solo se haga cargo de cosas pequeñas, porque esos pequeños cambios significan para nosotros un gran descanso”, agrega Juana.

“Es una cuestión de duelo. Yo ya viví mi duelo, ya tuve que luchar y aceptar el diagnóstico de mi hijo, aceptar que él nunca será como yo imaginé que sería, quizás por eso esta ley la siento como un apoyo. Ya viví lo peor”.

Esta otra parte demuestra que hay algunas familias que sí consiguen verse beneficiados por la ley, pero gracias a la buena implementación que esta tiene en algunos establecimientos educacionales.

La diputada Schneider comenta: «Funciona como una ley macro, que establece principios como promover la detección temprana y avanzar hacia un abordaje integral desde la salud, la educación y otras áreas de la política pública. En ese sentido, creo que si bien es una buena ley, todavía le faltan presupuestos y recursos para poder implementarse de mejor forma«.

Recursos, formación docente y desafíos en la aplicación de la Ley TEA

Según la Fundación Wazu, el número de estudiantes TEA aumentó en más de un 1.000% desde 2015 a 2022, pasando de haber 3.731 estudiantes TEA en el sistema a cerca de 47.000. Los datos de Educar Chile señalan que solo en abril de 2023 se reportaron más de 55.000 estudiantes con TEA en el sistema escolar, incluyendo jardines y escuelas regulares y especiales. Esta creciente alza ha presionado la capacidad del sistema para responder con el personal y recursos especializados necesarios para las necesidades de los estudiantes con autismo.

Adolfo Álvarez Hurtado, educador diferencial de la escuela Felipe Herrera, ve esto reflejado en su propio establecimiento, y señala que pese al buen funcionamiento en ciertos establecimientos como al que asiste Luciano, es necesario que “además del PIE, el Ministerio de Educación debe implementar planes de formación docente continua y obligatoria en neurodiversidad y autismo, lo cual requiere recursos presupuestarios adicionales. Esta capacitación es crucial, ya que uno de los principales desafíos en la aplicación efectiva de la ley es la falta de preparación técnica de muchos docentes para atender a estudiantes con TEA”.

“El colegio ha impulsado ciertas medidas, como el acompañamiento del equipo PIE, pero no se han implementado cambios estructurales significativos. No ha existido una capacitación formal docente ni adaptaciones en la infraestructura, lo que limita el alcance de los esfuerzos inclusivos”, agrega.

Desde la perspectiva de infraestructura, la Ley TEA no obliga explícitamente a los colegios a realizar adaptaciones físicas inmediatas, pero sí establece que deben generar entornos inclusivos, accesibles y libres de discriminación. Esto implica ajustes razonables tanto en lo pedagógico como en la convivencia escolar. La interpretación y aplicación de estas medidas quedan muchas veces a criterio de cada establecimiento, lo que genera diferencias en la implementación según el tipo de colegio, su ubicación y sus recursos. Lo mismo aplica para la calidad de las salas multisensoriales en las escuelas, incluyendo los implementos que tengan y los docentes que se destinen.

Sala multisensorial del Colegio Maipo, Puente Alto.

“El PIE es el principal instrumento para financiar la educación inclusiva, incluyendo estudiantes con TEA. Según datos de Senadis, en 2022–2023 había 46.798 personas TEA en el sistema educativo, de las cuales 42.945 estaban en escuelas regulares PIE, 2.286 en escuelas especiales y 1.567 en jardines JUNJI” (SENADIS). “Además, el manual actualizado de 2025 establece procedimientos para diagnóstico y valoración en PIE” (Especial Mineduc).

Asimismo, Álvarez añade: “La situación actual del sistema educativo chileno incide directamente en la capacidad del país para aplicar efectivamente la Ley TEA. Hay una sobrecarga estructural en los colegios públicos, con altas tasas de matrícula y bajos índices de personal especializado por estudiante. Además, existe una escasez crítica de profesionales como psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos en el sistema escolar, lo que limita la posibilidad de dar atención integral a los estudiantes TEA, tal como lo mandata la ley”.

Otro punto clave es que la ley establece el deber del Estado de garantizar una red intersectorial de apoyo, lo que involucra a los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. Sin embargo, la coordinación efectiva entre estos actores aún presenta fallas estructurales, lo que dificulta la implementación fluida de medidas como la detección temprana o la intervención conjunta. Las familias se ven forzadas muchas veces a hacer de intermediarias entre sistemas poco articulados, lo que contradice el principio de atención oportuna y continua que establece la ley.

“En mi opinión, aunque la Ley TEA representa un avance normativo significativo en materia de inclusión, su implementación técnica se enfrenta a obstáculos estructurales del sistema educativo chileno. La fiscalización existe, pero es limitada frente a la magnitud de los desafíos. Los recursos asignados, aunque importantes, siguen siendo insuficientes en relación con las demandas reales. Y mientras no se fortalezca el sistema público con mayor dotación profesional, formación docente adecuada y coordinación intersectorial, el cumplimiento efectivo de esta ley seguirá siendo parcial y desigual según el territorio y el tipo de establecimiento”, agrega Álvarez.

La Ley TEA es un avance en términos normativos, pero no responde completamente a las necesidades reales del aula, ya que no considera las particularidades de cada comunidad educativa ni entrega los recursos necesarios para una implementación efectiva.

SENADIS: el rol fundamental del Estado en la garantía de derechos para personas con TEA

Los establecimientos educacionales, a la base, tienen tres fiscalizadores: El primero es SENADIS, que se ocupa de que la Ley se lleve a cabo de manera minuciosa en el área burocrática, sin embargo, su alcance es limitado debido a que no abarca todo el territorio chileno; el segundo es MINEDUC, que fiscaliza que cada colegio del país reciba los pagos efectivos para las diferentes áreas que cada establecimiento requiera; y el tercero es la Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar la rendición de cuentas de cada institución escolar para comprobar los gastos específicos realizados durante el año.

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) es una institución pública chilena que nace a partir de la Ley N.º 20.422, promulgada el 10 de febrero de 2010, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esta ley, conocida como “Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, reemplazó al antiguo FONADIS (Fondo Nacional de la Discapacidad), dotando al nuevo organismo de mayores atribuciones normativas y operativas para garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad en Chile.

SENADIS depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y su labor se centra en la promoción de la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la accesibilidad universal. Esto lo realiza a través del diseño e implementación de políticas públicas, la articulación interministerial y la entrega de apoyos técnicos y económicos. En el contexto de la Ley TEA, SENADIS cumple un rol esencial como organismo articulador y garante de derechos, siendo parte de la red intersectorial que debe asegurar el cumplimiento efectivo de esta legislación.

Entre sus principales funciones vinculadas al Trastorno del Espectro Autista se encuentra la fiscalización y protección de derechos frente a eventuales situaciones de discriminación o exclusión en áreas como la educación, la salud y el empleo. Además, debe coordinar acciones con los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, formando parte de mesas técnicas intersectoriales que desarrollan orientaciones, protocolos y materiales para la inclusión de personas neurodivergentes en el sistema público. Asimismo, SENADIS tiene la responsabilidad de capacitar a funcionarios públicos y profesionales, aunque hasta ahora estas instancias formativas no han tenido la cobertura ni la continuidad necesarias.

Según cifras oficiales del Informe SENADIS 2023, más de 336.000 personas están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de las cuales alrededor de 46.798 presentan diagnóstico TEA. De ese total, 42.945 asisten a escuelas regulares con Programa de Integración Escolar (PIE), 2.286 están matriculados en escuelas especiales y 1.567 en jardines infantiles JUNJI o Integra. Estos datos revelan la urgente necesidad de fortalecer los apoyos y asegurar una implementación real y equitativa de la Ley TEA en todo el país.

A pesar de la existencia de estos programas, muchas familias con hijos autistas aseguran no haber recibido ningún contacto ni orientación de SENADIS tras el diagnóstico. Esto se debe, en parte, a la escasa presencia territorial del organismo, especialmente en comunas rurales o zonas vulnerables, y también a la falta de un sistema de derivación activo y temprano. Como expresó la madre de Matías, un niño con TEA nivel 3: La ley fue una noticia en la tele, nada más. Nadie vino a explicarnos qué derechos tenemos. SENADIS es solo una sigla para mí, no una institución real que me acompañe”.

“La resistencia cultural dentro de instituciones públicas que todavía existe. A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, hay funcionarias y funcionarios que no comprenden qué implica ser neurodivergente, que actúan con prejuicios o bajo modelos patologizantes, lo cual entrega una impresión negativa”, comenta la psicólogo Eliud Pereira.

Pese a que la Ley TEA establece expresamente que SENADIS debe colaborar activamente en su implementación, la realidad muestra que sus capacidades están limitadas por falta de presupuesto, baja dotación profesional y escaso poder fiscalizador directo. El organismo ha participado en la elaboración del “Manual de Evaluación y Diagnóstico PIE 2025”, en conjunto con el Ministerio de Educación, y ha contribuido a crear instrumentos como el “Maletín de la Diversidad Funcional”, una herramienta pedagógica para la inclusión escolar. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos educacionales no ha logrado aplicar estas orientaciones debido a la falta de asesoría técnica directa y al débil seguimiento estatal.

“El rol de SENADIS es clave, pero está completamente limitado por la falta de presencia en el territorio. Hay regiones donde simplemente no hay oficinas activas ni profesionales disponibles. Sin descentralización, la ley TEA se vuelve letra muerta”, señala Lorena Salas, directora de la Fundación Neurodivergentes de Chile.

En términos de fiscalización, SENADIS puede presentar denuncias o derivaciones ante la Superintendencia de Educación, pero no cuenta con facultades sancionatorias propias. Esta situación ha sido criticada por profesionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen una reforma estructural que permita a SENADIS intervenir de forma más eficaz cuando se vulneran los derechos de personas autistas.

Para avanzar hacia una inclusión efectiva, expertos proponen fortalecer la estructura institucional de SENADIS, aumentar su presencia regional, asignarle mayor presupuesto y desarrollar un sistema de acompañamiento temprano y sostenido a las familias desde el momento del diagnóstico. Esto incluiría orientación en salud, educación, acceso a beneficios estatales, y contención emocional para los cuidadores. También es fundamental que se promueva la formación obligatoria y continua de docentes, no solo a través de charlas puntuales, sino mediante políticas de formación profesional permanentes.

“Las familias necesitan un Estado que las acompañe desde el primer día. SENADIS debería ser ese puente entre el diagnóstico y la inclusión, pero hoy está desbordado y sin recursos. La Ley TEA no puede depender solo de la buena voluntad de los colegios”, afirma Adolfo Álvarez Hurtado, educador diferencial.

Sin ese acompañamiento es posible que existan dallas en la inclusión escolar, lo que también deriva a consecuencias emocionales tanto en los niños con TEA como en sus cuidadores. Respecto a dichas consecuencias, Cabrera advierte que “El malestar que puede generar en un niño con espectro autista estar en un colegio que no anticipa ni aborda sus necesidades es muy importante. Llega a su casa desregulado, y para la familia es muy difícil”.

Además, la psicóloga Tamara Cabrera enfatiza que la inclusión no debe recaer exclusivamente en las instituciones educativas: “La inclusión no puede ser solo del colegio. Debe ser desde cada individuo. […] Si soy apoderada y hay un niño con TEA en el curso de mi hijo, yo también tengo que ser inclusiva”.

La inclusión muchas veces se queda en un bonito discurso, pero no en la práctica. No es tan fácil de llevar”, advierte la psicóloga Tamara Cabrera, poniendo palabras a una sensación compartida por muchas madres, padres y profesionales.

Y mientras SENADIS no logre consolidarse como un organismo cercano, accesible y efectivo, la promesa de la Ley TEA corre el riesgo de quedarse en el papel. Su fortalecimiento es clave no solo para garantizar derechos, sino para transformar estructuralmente la forma en que el Estado chileno responde a las necesidades de las personas neurodivergentes y sus familias.

A dos años de su promulgación, la Ley TEA sigue navegando entre la esperanza y la deuda. La norma instaló la inclusión como obligación ética y legal, pero el sistema educativo chileno continúa operando con salas sobrecargadas, equipos profesionales insuficientes y escuelas que deben “hacer lo que pueden” con recursos que no alcanzan. Lo que la Ley promete —acompañamiento, formación docente, apoyo especializado— se diluye cuando los establecimientos no reciben fondos adicionales, cuando SENADIS carece de presencia territorial y cuando las familias deben seguir buscando respuestas en solitario.

Las cifras son elocuentes: más de 70.000 estudiantes con diagnóstico TEA están matriculados en el sistema subvencionado, pero los montos asociados a PIE deben cubrir múltiples demandas —profesionales, material adaptado, diagnósticos, capacitación— sin que exista una subvención destinada específicamente a la implementación de la Ley. La fiscalización, además, queda repartida entre distintos organismos con atribuciones parciales. Mientras la Superintendencia revisa rendiciones de cuentas y el MINEDUC vigila el uso de subvenciones, SENADIS no tiene facultades sancionatorias directas. El resultado es un sistema donde las responsabilidades están claras en el papel, pero difusas en la práctica.

Hoy, el desafío es evidente: no basta con legislar. Para que la inclusión sea real y no solo aspiracional, el Estado debe asumir un rol activo desde el primer momento del diagnóstico, con presencia territorial, recursos claros, formación docente sostenida y profesionales dentro de las aulas. La promesa de la Ley TEA no se mide en discursos ni en titulares, sino en la vida diaria de niños como Matías y Luciano, de sus madres que sostienen rutinas agotadoras, y de profesores que intentan enseñar en condiciones adversas. Si Chile no acompaña con acciones el espíritu de la ley, la inclusión seguirá siendo un derecho consagrado que muy pocos pueden ejercer.