Desde el Colegio de Profesoras y Profesores advierten que la implementación de la Ley TEA ha estado marcada por la falta de recursos, formación especializada y apoyo institucional para las comunidades educativas. Para el gremio docente, el espíritu inclusivo de la normativa contrasta con las condiciones reales en que hoy funcionan muchas escuelas del país.
A tres años de la promulgación de la Ley 21.545, conocida como Ley TEA, el debate sobre su implementación continúa abierto dentro de las comunidades educativas. Mientras el objetivo de la normativa apunta a garantizar mayor inclusión y protección de los derechos de las personas dentro del espectro autista, docentes y especialistas advierten que su aplicación enfrenta importantes obstáculos en el sistema escolar.
Raquel González Espinoza, profesora de educación básica, especialista en lengua y literatura y directora ejecutiva de la revista Docencia del Colegio de Profesoras y Profesores, sostiene que la principal dificultad radica en la falta de financiamiento, formación especializada y articulación con el sistema de salud. A su juicio, estas carencias han dificultado que los establecimientos puedan aplicar la ley de manera efectiva en el aula.
– ¿Cómo evalúa el Colegio de Profesores la implementación de la Ley TEA en los establecimientos educacionales hasta ahora?
– Bueno, nosotros evaluamos la implementación bastante deficiente. Es una ley que promete muchas cosas y que, si se implementara de buena manera, podría funcionar mejor. Faltan muchos recursos, sobre todo de información y de aprendizaje, porque si bien es una ley que nos abre hacia la inclusión y la integración de todos los estudiantes, falta aún esta inversión. Habitualmente las leyes, cuando salen, tienen un espíritu muy bonito que nosotros compartimos; sin embargo, no vienen con un financiamiento adecuado para las condiciones, para la infraestructura y para la atención que merecen nuestros estudiantes. También nuestros colegas docentes y todos los que integran la comunidad educativa.
– Desde su experiencia, ¿la ley se está aplicando de manera uniforme en los distintos tipos de colegios (públicos, subvencionados, privados)?
– Bueno, eso no sé si podría contestarlo, porque en realidad cada comunidad educativa lo aplica de acuerdo a su realidad, a su proyecto educativo, a su contexto y a sus sellos. Algunos le darán mucho más énfasis que otros, pero yo creo que, si es ley, como buenos docentes la comunidad educativa la está implementando.
A lo que me refería con la pregunta anterior es que nos faltan herramientas, herramientas desde el punto de vista de especialistas para poder implementar como corresponde esta ley, porque nuestros colegas, los que son profesores de educación diferencial, tampoco tienen las herramientas de salud que necesitamos para abordar bien estos casos. Más que prevenir, para aplicarla de la manera en que corresponde, cosa de no generar conflicto o agrandar un conflicto, porque esto requiere de una atención más específica del área de salud.
– En los colegios con programas PIE hay distintos profesionales, y en algunos casos estos especialistas reciben remuneraciones mayores que las de un profesor. ¿Cómo ve usted esta situación en términos económicos?
– Lo mismo que decía: en las escuelas están los equipos PIE, de programa, pero ellos tienen otra función. Por ejemplo, apoyar a las profesoras de educación diferencial. Ellos buscan apoyarnos en el aula, que los estudiantes aprendan y logren ir alcanzando ciertos objetivos acordes a su ritmo, realizar las adecuaciones.
Ahora, a través de esta normativa también se permiten otro tipo de bondades dentro del panorama educativo, dentro del aula y de las comunidades educativas, que es brindarle a los estudiantes un plan también de contención. Pero para poder hacerlo necesitamos especialistas, y los especialistas que hay en las escuelas no son especialistas en TEA, y eso hay que dejarlo bastante claro.
Porque por algo además hay una ley que se vincula, que se integra, que es una ley de salud y no solamente para nuestros estudiantes, sino también para los adultos. Mientras no se haga esa relación entre lo que es la parte de salud y la Ley TEA en sí dentro de educación, estamos un poco lejos de lograr aplicarla de la manera en que está propuesta, más allá de las buenas voluntades que nosotros podamos tener.
– Cuando he conversado con profesores, una de las críticas más grandes que suelen tener es que, cuando tienen 40 estudiantes en un aula, no pueden dedicarle atención especial a un estudiante solo porque tenga un diagnóstico. Entonces, ¿Cuáles cree usted que serían las herramientas para este tipo de situaciones? Porque no siempre los colegios, aunque tengan especialistas, logran manejar cuando hay un estudiante desregulado o sacarlo de la sala. Hay profesores que me comentan que cuesta mucho volver a retomar la clase, porque son muchos alumnos y se pierde la concentración. ¿Cómo se puede manejar ese tipo de situaciones?
– Bueno, con financiamiento. Ya lo dije: todas las normativas que se sacan vienen sin financiamiento. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, como educación, tuviéramos un financiamiento basal y no por subvención —que es por asistencia—, no tendríamos que tener 40 o 45 niños por aula; podríamos tener 25, que es lo óptimo.
Como Colegio de Profesores lo hemos dicho incansablemente: sería un grupo que, si bien no es tan pequeño, por lo menos nos permitiría realizar de mejor manera algunas acciones, de acuerdo a los protocolos y a lo que la norma estipula. Porque además no solamente los estudiantes son los que se ven afectados —el estudiante que tiene esta desregulación—, sino que es todo el curso y además es el docente.
Y esta ley también dice que hay que poner el foco en los docentes y en los otros estudiantes, y ahí es donde nosotros, creo —es decir, no nosotros—, los equipos directivos y los lineamientos que se están dando no están dando abasto para abordar esto. Y es uno de los puntos bastante buenos que tiene la ley, que de hecho lo dice: si un adulto se desregula, no necesariamente tiene que tener una condición o un trastorno; cualquier integrante de la comunidad educativa se puede desregular.
Si a uno le dicen que se murió un familiar cercano, es obvio que se va a desregular y no puede volver a retomar el aula como corresponde. Y para eso no hay especialistas que le puedan dar la contención al docente o que puedan dar la contención inmediata al estudiante, además del estudiante TEA.
Porque esto es un trabajo súper colaborativo con las familias, y mientras las familias no reconozcan si su hijo tiene una condición y que hay que trabajar en aquello, pero de manera más mancomunada, mucho más nos va a costar.
Hasta acá, los docentes hemos sido los primeros precursores en implementar los primeros protocolos sin que existiera ninguno. Desde forrar una silla metálica porque al estudiante —gracias a la información que nos entrega su apoderada— podemos saber que le molestan los ruidos fuertes, y una forma de mitigar ese sonido es, por ejemplo, ponerle plástico negro en las patitas de las sillas; si es de madera, lo mismo. Entonces nos vamos evitando cosas que son muy simples, pero todo eso uno lo va aprendiendo con la práctica, porque uno lee la ley y no hay ningún tip que diga “puede hacer esto”.
Por eso también es tan importante el vínculo con las familias, para tener esta otra información que nos entregan los otros especialistas que ven a nuestros estudiantes, cuando los ven. Porque tenemos muchos que no son atendidos en ningún lado o que las mamás no quieren asumir que su hijo tiene algún trastorno o alguna condición.
– ¿Considera que los profesores han recibido las capacitaciones necesarias para responder a las exigencias de la ley?
– No. Piensan que todo debe rehacerse sobre los equipos de integración, del Programa de Integración, y eso tampoco es justo porque se les sobrecarga mucho a ellos. En realidad, los docentes y todos los que trabajamos en las comunidades educativas deberíamos recibir esta formación antes de ingresar al año escolar.
Ahora vamos a partir marzo y, bueno, no se hicieron cargo de la pandemia, en donde nosotros los profesores tuvimos que hacernos cargo de la educación de nuestros estudiantes. Esperamos que alguna vez sí se hagan cargo de esto y nos formen.
Pero para eso tienen que invertir, y necesitamos recursos para que el gobierno de turno invierta en esta formación y después no diga que los profesores somos los que ocasionamos estos problemas, cuando no tenemos un conocimiento acabado ni especializado, excepto una buena voluntad docente de atender a todos nuestros estudiantes.
– ¿La ley contempla tiempos y recursos reales para que los docentes puedan adaptarse a estas nuevas responsabilidades?
– No, no. Porque los tiempos son los que ya están determinados con los profesionales de integración, con las profesoras, con quienes tenemos un tiempo para trabajar, pero no es un tiempo grande ni realmente colaborativo. Antes habían, de hecho, los equipos colaborativos podían pedir una jornada a la Provincial de Educación; hoy en día creo que eso tampoco existe. Entonces es bien delimitado el tiempo, y eso también genera una problemática, porque cada escuela es un contexto distinto y necesita reunirse y analizar esas problemáticas que tiene.
De ahí saldrían muchas ideas, pero no solamente leyendo la ley o leyendo las orientaciones, sino con alguien que realmente sea especialista en estas temáticas, porque no es un solo diagnóstico. Entonces tenemos que partir desde esa premisa: cómo lo hacemos.
Porque al inicio, antes de que iniciara la entrevista, señalamos que la ley partió hace años y ya, por ejemplo, los sostenedores deberían haber hecho algún tipo de evaluación. La misma Contraloría, tal vez, de los colores que se usan en los establecimientos educacionales, cómo afectan estos a ciertas regulaciones, cuáles son las condiciones de infraestructura que hay, y eso no se ha hecho.
Creo que por ahí debemos partir, aparte de la formación. Si no hay inversión, a nosotros nos piden, nos piden, nos piden, y nosotros no somos una alcancía a la que le echan monedas; nos vamos a romper de tantas exigencias que nos están pidiendo. Entonces necesitamos la otra contraparte.
– ¿Cómo ha impactado esta ley en la carga laboral de los profesores, considerando la falta de recursos y las responsabilidades que ya tienen, con todo lo que implica ser profesor hoy en día, que al final termina siendo una labor muy vocacional?
– En cuanto a los recursos, espacios no hay, porque sabemos que mientras la educación tenga un financiamiento basal —que es en lo que hemos insistido nosotros—, claro que los recursos se van a ver precarizados. Porque acá el sistema viene a decir que si una escuela tiene pocos estudiantes aporta poco, por lo tanto hay que invertir más en esa otra escuela que es la que aporta más. Hacen un promedio y eso no es lo que debiera ser, porque se supone que cada estudiante es importante para nosotros.
Hemos escuchado también cómo ven las escuelas rurales: que por baja cantidad de estudiantes las quieren cerrar, y ya de por sí es un proceso, no es llegar y cerrar una escuela de un día para otro. Pero nos piden, nos obligan a esto, y nosotros tenemos voluntad. Somos profesores, sobre todo de escuela pública, por lo tanto sabemos trabajar de manera muy precarizada.
Y creo que ya es tiempo —hace bastante tiempo que lo venimos diciendo— que no vamos a romantizar la educación ni la precariedad en la que trabajamos, porque nosotros somos los que nos hemos hecho cargo de la educación, sobre todo desde la pandemia en adelante, en donde tuvimos que descubrir nosotros las estrategias, nosotros las plataformas de comunicación.
Entonces seguimos haciéndonos cargo de todas estas normativas que, si bien son excelentes para las comunidades —y porque somos, obviamente, quienes queremos ser garantes de derechos—, hablamos de los derechos de todos.
La inversión en educación está pésima.
– Un profesor que entrevisté sobre este mismo tema me comentó que siente que, como hay muy buena voluntad y mucha vocación por parte de los docentes, con esta ley se estarían aprovechando de ellos. Es decir, aprovechándose de su vocación y buena voluntad para implementar algo que no se puede llevar a cabo por la falta de recursos y de formación, dejando al profesor con una responsabilidad más de las que ya tiene. ¿Qué opina usted sobre eso?
– Yo creo que tiene bastante razón el colega. Desde el minuto en que la ley se aprueba —ya vamos para el tercer año— lo primero de lo que deberían haberse preocupado el ministerio, a través de la Superintendencia, por ejemplo, o en este caso la Contraloría, es ir a fiscalizar los establecimientos educacionales, cosa que no ha pasado todavía, y ver cuáles son los que cumplen con los requerimientos básicos, como los colores que pueden causar estas desregulaciones, la infraestructura que tenemos, los recursos didácticos con los que contamos o con los que no contamos, y también la formación docente.
Con mínimos recursos, porque deberíamos tener nosotros un espacio, una sala de contención que debe ser neutra, y en las escuelas —tú has visto las noticias— además como Colegio de Profesores siempre estamos denunciando la precariedad en que están algunos establecimientos educacionales, la baja preocupación por la infraestructura donde están nuestros estudiantes, nuestros colegas, y además hacernos cargo de los niños que tienen alguna condición, que en realidad siempre la han tenido. Pero acá es como que justamente descansan en los docentes: que ellos se las arreglen, que vean cómo lo hacen, pero si lo hacen mal tienen una sanción porque los discriminaron.
Entonces nosotros tenemos muchas normativas en la actualidad, pero ninguna ha sido canalizada en formación a través del ministerio, sino que ponen plataformas, que no sé qué entidad, que formación de no sé cuánto, pretendiendo que aprendamos online. Que tal vez se podría, pero con los especialistas competentes para este tipo de diagnóstico, diría yo.
Porque algunas comunidades educativas, por ejemplo la mía, nos hemos hecho cargo solitos. Nos ha costado mucho y con casi nada de recursos, solo la buena voluntad de algunos apoderados que van y esperan en el sistema de salud porque nosotros los derivamos: que la posta, que los vea un psicólogo, y recién ahí. A menos que lleguen ya nuestros estudiantes diagnosticados y el apoderado quiera contarnos; entonces ahí, obvio, es mucho más fácil, porque uno puede ir probando por dónde ir, pero no con una certeza.
También yo he visto algunos cursos para docentes que dicen “contención alumnado Ley TEA”, y yo pienso: ¿cómo contención si hay niños a los cuales tú no los puedes tocar porque el niño se te va a desregular? Porque al niño le molesta. No puedes subir la voz porque también se desregula. Hay que ser muy concreto. Estas son técnicas que yo he aprendido con la experiencia en aula.
Hace poco egresó una estudiante TEA preciosa de octavo. Al principio nos costó aprender y aprendimos todos con ella, pero hubo también una voluntad de los padres, de todo el mundo, buena voluntad. Y aunque somos una escuela pequeña, también tenemos 38 estudiantes por aula.
Mientras no haya una inversión real, una preocupación real —porque uno la lee y es espectacular la normativa, tanto para nuestros estudiantes como para los adultos, y es súper general— cuando decimos “ya, ahora dónde están los recursos, dónde están los tiempos para que los profesores se junten por ciclo a hacer esto”. Los consejos de profesores está bien que tengan una parte técnica, pero no podemos estar todo el año en eso. Entonces necesitamos otro espacio más para poder hablar de estas normativas que son tan buenas para uno, porque nos sirven para ayudarnos en el aula y también para nuestros estudiantes.
¿Cómo lo resolvemos? ¿El ministerio nos hará una sala aparte? No creo. ¿Cómo lo hacemos? Es muy complejo, pensando en que a veces ni siquiera tenemos espacio para almorzar y la misma sala de profesores es sala/comedor. Entonces la ley dice que debe haber un espacio para contención o por lo menos para que el estudiante pueda relajarse mientras llega el apoderado. Entonces, ¿dónde?, ¿cómo?