A pesar del constante aumento de niños con trastorno del espectro autista (TEA) en Chile y de la promulgación de la ley que prometía resguardar sus derechos y entregarles ayudas, las familias de niños TEA siguen sintiéndose invisibilizadas en la sociedad. El escaso apoyo a los hogares, la fiscalización limitada y la compleja implementación en las escuelas han dejado en evidencia la brecha profunda entre lo que prometía la Ley TEA y lo que realmente ha llegado a cumplir.

La Ley TEA, a tres años de su promulgación, aún no ha logrado lo que se esperaba de ella. Todavía existe poca fiscalización por parte de las instituciones encargadas, hay escasa preparación docente en temas de inclusión para niños autistas y no existen registros que midan que dichas preparaciones funcionen, hay dificultades en la implementación dentro de las escuelas y recursos entregados de maneras desproporcionadas en los colegios. Todo esto ha dejado en evidencia una brecha profunda entre las promesas de la ley y la realidad que enfrentan diariamente las personas dentro del espectro autista y sus familias.

Carolina había pensado muchas veces cómo sería el futuro de su pequeño hijo Matías cuando nació. Había imaginado cómo sería su primer día cuando entrara al jardín, cómo se llevaría con los otros niños, si podría hacer muchos amigos, pero todo cambió cuando comenzó a darse cuenta de que su hijo no se comportaba igual que otros niños de su edad.

A pesar de las estimulaciones tempranas su hijo nunca había hablado, vestirlo se volvía una batalla diaria en la que él siempre se ponía a llorar y tenía reacciones mucho más intensas a ciertas situaciones cotidianas. Fue a los tres años cuando los médicos diagnosticaron a Matías con Trastorno del Espectro Autista nivel 3, el grado más elevado de TEA en el cual las personas necesitan un apoyo muy sustancial en su vida diaria.

Carolina recuerda ese momento como un quiebre emocional profundo para el que nadie la había preparado, porque la noticia no llegó acompañada de ningún tipo de orientación que le dijera qué hacer a continuación, ninguna red de contención, ni siquiera una guía práctica que pudiera enseñarle sobre el tema.

“Una cosa es sospechar que mi hijo tuviera autismo y otra muy distinta es que te lo digan con todas sus letras. Sentí miedo, tristeza, incluso culpa. Lloré mucho tras la noticia. Porque uno se hace toda una idea de cómo va a ser la vida de su hijo y de un día para otro te das cuenta que va a ser completamente diferente”.

La falta de cualquier tipo de apoyo en ese momento se debe a que, pese a la existencia de la Ley 21.545, llamada también Ley TEA, las instituciones públicas aún no se encuentran verdaderamente preparadas para estas situaciones.

El Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) tiene la responsabilidad de capacitar a funcionarios públicos y profesionales, sin embargo no ha presentado la suficiente cobertura ni la continuidad necesaria en dicho trabajo; muchas familias aseguran no haber recibido ningún contacto ni orientación de SENADIS tras recibir el diagnóstico, como el caso de Carolina.

Este problema no solo se debe a la escasa presencia territorial del organismo, especialmente en comunas rurales o zonas vulnerables, sino también a la falta de un catastro que dimensione cuántas personas autistas hay en el país, algo que hace 15 años no existe en Chile.

La exdiputada Carla Morales Maldonado menciona que esto es una deuda pendiente de SENADIS con las personas autistas y también un problema desde el Estado mismo.

Pedro Goic, director del SENADIS señala que si bien no existe un catastro individual de las personas, sí han realizado un catastro de las organizaciones y agrupaciones de autismo a lo largo del país, contabilizando 308 hasta el momento, con quienes participan en mesas informativas lideradas por SENADIS para tratar temas relacionados al autismo.

Sin embargo, otras visiones como la de la presidenta de la Federación Nacional de Autismo (FENAUT), Chantal Garay Soto, indican que algunos basan la poca preparación en que la Ley TEA es muy nueva aún y que necesita más tiempo para adaptarse, sin embargo, menciona que las familias autistas “ya no pueden seguir esperando” y que “las numerosas personas –como Carolina- que han sufrido en el camino por falta de apoyo, son una alerta que como sociedad no se puede seguir postergando”.

Entre tanto, las familias con personas TEA, especialmente niños, han tenido que seguir luchando en un sistema que, hasta ahora, consideran que los sigue invisibilizando.

Reportaje

El trastorno del espectro autista es definido como una “condición del neurodesarrollo que debe contar con un diagnóstico y puede generar discapacidad si produce un impacto funcional significativo a nivel familiar, social, educativo, ocupacional, entre otros”, esto ocurre principalmente en el grado 3 de autismo, como el caso de Matías. Las diferencias en el neurodesarrollo que presentan las personas con TEA pueden manifestarse en “dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos y repetitivos”.

En los últimos años, ha existido un enorme aumento de casos de personas con autismo a nivel mundial. En Chile, según un estudio publicado en la revista Andes Pediátrica, en 2021 se estimó que la prevalencia del espectro autista en el país correspondía al 1,06 % de la población, con una proporción de 2,2 hombres por cada mujer diagnosticada. Dicho estudio señala también que entre 1990 y 2021 los casos anuales y los años vividos con discapacidad (AVD) aumentaron aproximadamente un 75 % en adultos, mientras que en niños y adolescentes se mantuvieron estables.

A raíz de las dificultades que puede generar esta condición y al creciente aumento de personas con autismo en el país, el 2 de marzo de 2023 se promulgó la Ley 21.545 que entró en vigencia el 10 de marzo del mismo año.

El objetivo de esta ley consiste en “asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista; eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN).

Lo anterior permite que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud puedan actuar de manera coordinada para trabajar en la inclusión, diagnóstico y acceso de tratamientos y ayudas adecuadas y oportunas para las personas con TEA.

Esto generó diferentes promesas a la población en los ámbitos de salud y educación, en los cuales se esperaba una mejora en la accesibilidad para detectar el autismo, mejor integración escolar, una mayor capacitación de los docentes en las escuelas, redes de apoyo y acompañamiento real. Parte de lo que ha logrado cumplirse efectivamente ha mejorado las condiciones de ciertas familias.

“Nos llevan prometiendo desde hace 10 años la creación de esta ley y desde su creación he visto cambios: ahora no tengo que esperar para que atiendan a mi hijo Luciano cada vez que tengo que llevarlo al médico o a la psiquiatra; mi marido puede pedir permiso al trabajo para ir a buscar a nuestro hijo cuando este se desregula en el colegio, sin miedo a que lo echen; ahora los colegios están en la obligación de entregarme a mi hijo regulado y no en plena crisis para que yo me haga cargo, como se hacía antes. Hay cambios, sin embargo, aún faltan cosas por mejorar”, comenta Juana Pérez, madre de un niño con diagnóstico TEA nivel 2.

Por otro lado, lo que “aún falta” es lo que sigue afectando a muchas familias que han tenido que enfrentar realidades completamente opuestas a la de Juana.

En el caso de Carolina, desde la promulgación de la Ley TEA ella esperaba que alguno de estos cambios pudiera ayudarla con la situación de su hijo, sin embargo, menciona que nada de eso ha llegado. “La ley fue una noticia en la tele, nada más. Nadie vino a explicarnos qué derechos tenemos. El colegio tampoco ha cambiado. No hay más recursos, ni más profesionales. Todo sigue igual. Es como si se hubiera firmado solo para la foto”, señala.

La Ley TEA establece diferentes cambios que debían ser implementados. En el área escolar, las instituciones de educación deben integrar principios de inclusión en sus reglamentos internos, adaptando los procesos pedagógicos y metodológicos para responder a las necesidades específicas de estudiantes con autismo. Esto incluye la realización de ajustes curriculares individualizados, la eliminación de barreras físicas, actitudinales o administrativas, además de la creación de espacios libres de violencia y discriminación. Además, se establece la obligatoriedad de capacitar a docentes y asistentes de la educación en materias relacionadas con neurodiversidad, enfoques pedagógicos inclusivos y comprensión del TEA.

Pese a lo anterior y a que Matías se encuentra en un entorno escolar “especial”, carece de personal capacitado y planes individualizados para su condición. Carolina menciona que su  hijo no tiene un plan educativo real, no hay seguimiento, tampoco materiales adaptados o continuidad en las estrategias. “Él va para estar ocupado, pero de aprender, no aprende mucho. Hay muchos niños con diagnósticos distintos y las tías hacen lo que pueden, pero no dan abasto”.

Claudia Baros, profesora de historia en el Liceo Lenka Franulic de Ñuñoa, ha trabajado con niños TEA desde 2019 y menciona que aún tras la promulgación de la ley, “no ha existido una capacitación formal docente ni adaptaciones en la infraestructura, lo que limita mucho el alcance de los esfuerzos inclusivos (…). La ley no considera los recursos humanos ni los materiales que requieren nuestros estudiantes”.

Así, aunque el sistema educativo era uno de los espacios donde las familias esperaban ver una mayor cantidad de cambios concretos, principalmente considerando que es en los colegios donde los niños TEA se enfrentan de manera directa y constante a las exigencias de regulación emocional lejos de sus familias, a las dificultades de comunicación, interacción y adaptación social, donde el apoyo institucional pasa a volverse una parte fundamental; luego de tres años de funcionamiento, esta ley ha demostrado para muchos que sigue enfrentando diversos desafíos de implementación en las aulas, como la escasez de profesionales especializados y preparados para tratar con la cada vez más creciente cantidad de niños TEA.

Según información del Ministerio de Educación (MINEDUC), en 2025 hubo 78.938 estudiantes autistas en el Programa de Integración Escolar (PIE) mediante postulación regular,  lo que representa un aumento cercano al 84% en comparación a 2022.

Esto ha generado un mayor desafío para los docentes de la educación y creado la necesidad de una mayor capacitación debido a que, como advierte la psicóloga del área clínica, Tamara Cabrera, “el malestar que puede generar en un niño con espectro autista estar en un colegio que no anticipa ni aborda sus necesidades es muy importante. Porque llega a su casa desregulado y para la familia es muy difícil”.

A pesar de esto, muchas familias y profesores señalan que esa preparación es escaza o inexistente.

Desde MINEDUC, por otra parte, se afirma que sí se han impartido cursos para docentes sobre estrategias y apoyos para alumnos del espectro autista.

El total de docentes formados en estos últimos tres años es de 2.520, lo que corresponde apenas a un 0,94% del total de 267.933 docentes a nivel país.

Para aumentar este trabajo de capacitación, MINEDUC firmó un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) el 31 de julio de 2025. Este acuerdo contempla capacitaciones, asesorías técnicas y herramientas preventivas dirigidas tanto a los docentes como a los asistentes de la educación, centrando el foco en la gestión de la diversidad y la convivencia.

La subsecretaria de educación, Alejandra Arratia, afirma que el convenio “permite llegar de un modo más masivo con una estrategia que combina, por un lado, estrategias de formación  e-learning a través de plataformas virtuales. Por otro lado, actividades formativas presenciales y también acompañamiento”.

En estos cursos participaron 10.052 docentes, lo que equivale solo a un 3,75% del total a nivel país.

Estos bajos porcentajes refuerzan la visión de las familias sobre la poca preparación docente que existe y el poco alcance para cubrir las necesidades de niños TEA, lo que se mantiene incluso luego de tres años de funcionamiento de la ley. La subsecretaria también admitió que aún no existen datos de seguimiento como tal sobre la eficiencia de estos cursos y formaciones debido a que son aún muy recientes para tener un catastro.

Pero la escaza preparación no es lo único que ha sido cuestionado, sino también quiénes la imparten. Chantal Garay ha señalado la poca confianza de la Federación Nacional de Autismo respecto al convenio con la ACHS en materias de autismo.

Lo anterior se ha traducido en una constante presión a la capacidad del sistema para responder con el personal y los recursos especializados para las necesidades de los estudiantes TEA.

Adolfo Álvarez Hurtado, educador diferencial de la escuela Felipe Herrera, ha visto el problema reflejado en su propio establecimiento de trabajo. “El colegio ha impulsado ciertas medidas, como el acompañamiento del equipo PIE, pero no se han implementado cambios estructurales significativos. No ha existido una capacitación formal docente ni adaptaciones en la infraestructura, lo que limita el alcance de los esfuerzos inclusivos”, comenta.

“La situación actual del sistema educativo chileno incide directamente en la capacidad del país para aplicar efectivamente la Ley TEA. Hay una sobrecarga estructural en los colegios públicos, con altas tasas de matrícula y bajos índices de personal especializado por estudiante. Además, existe una escasez crítica de profesionales como psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos en el sistema escolar, lo que limita la posibilidad de dar atención integral a los estudiantes TEA, tal como lo mandata la ley”.

Álvarez agrega también que, más allá del PIE “el Ministerio de Educación debe implementar planes de formación continua y obligatoria en neurodiversidad y autismo, lo cual requiere recursos presupuestarios adicionales. Esta capacitación es crucial, ya que uno de los principales desafíos en la aplicación efectiva de la ley es la falta de preparación técnica de muchos docentes”.

La necesidad de profesionales capacitados afecta también de forma directa al trabajo en las aulas sensoriales y de acompañamiento: espacios acondicionados de manera especial para apoyar a los estudiantes autistas y con otras condiciones que sufren de episodios de desregulación emocional, donde se requieren profesionales capacitados para saber cuándo usarlas y cómo ayudar a los alumnos.

Para estos lugares sí se han destinado algunos recursos presupuestarios adicionales,  ya que, aunque la ley no obliga explícitamente a los colegios a realizar adaptaciones estructurales inmediatas, sí establece que deben ser generados entornos inclusivos, accesibles y que vayan en ayuda de los estudiantes TEA, reconociendo el derecho a una educación sin barreras.

Desde el Ministerio de Educación se dispusieron 1.000 millones de pesos en total para la adjudicación de un total de 52 aulas, repartidas entre 26 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), considerando dos aulas por cada SLEP. Aunque la iniciativa no contempla la construcción de nuevas dependencias dentro de los establecimientos, sino que está destinada principalmente a obras menores de habilitación y adaptación de espacios ya existentes dentro de los colegios, como pisos blandos, aislamiento acústico, entre otros.

La subsecretaria Arratia indicó que “estos espacios son necesarios tanto para niños autistas como para promover el bienestar socioemocional en otros estudiantes. También es para toda la comunidad educativa, pero cumple un rol muy particular para los niños autistas”.

Pero pese a la importancia señalada por el propio MINEDUC, el número total de aulas hasta el momento sigue siendo bajo y la cantidad de establecimientos sigue superando los recursos entregados. Considerando que un solo SLEP puede contar con los colegios de una o más comuna, un SLEP puede tener más de 40 colegios pero solo dos de ellos recibirían el beneficio.

En términos de regiones, la cantidad de aulas entregadas pasa a ser la siguiente:

• Arica y Parinacota: 2
• Tarapacá: 2
• Antofagasta: 2
• Atacama: 4
• Coquimbo: 4
• Valparaíso: 4
• Región Metropolitana: 12
• O’Higgins: 2
• Maule: 2
• Ñuble: 2
• Biobío: 4
• Araucanía: 2
• Los Lagos: 4
• Los Ríos: 2
• Aysén: 2
• Magallanes: 2

La adjudicación de estas salas también se ha realizado mediante un concurso al que los establecimientos pertenecientes a los 26 SLEP podían postular. Al tratarse de un mecanismo competitivo y con cupos acotados, el acceso a este tipo de infraestructura queda sujeto a la selección del proceso, lo que limita el alcance de una política que busca promover la inclusión de estudiantes dentro del espectro autista en los establecimientos educacionales.

Reportaje

En la práctica, gran parte de los apoyos que reciben los estudiantes con autismo dentro del sistema escolar no dependen de iniciativas puntuales como las aulas sensoriales, sino del funcionamiento del Programa de Integración Escolar, que corresponde al principal mecanismo de financiamiento para la inclusión educativa en Chile, esto debido a que la Ley TEA no contempla la creación de una subvención específica o un fondo adicional exclusivo para su implementación.

Este programa implementado por el MINEDUC busca que los colegios puedan contratar profesionales especializados (psicólogos, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, entre otros) e implementar apoyos pedagógicos y adaptaciones curriculares que permitan a los estudiantes participar activamente del proceso educativo. Para lograr esto, se entrega una subvención adicional a los establecimientos por cada estudiante diagnosticado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) transitorias o permanentes, dentro de esta última se encuentra el TEA.

Así, a mayor monto recibido es posible mejorar las condiciones de los establecimientos y contratar más profesionales.

Aunque la subvención del Programa de Integración Escolar se calcula según el número de estudiantes con necesidades educativas especiales, el monto efectivo que reciben los establecimientos puede ser menor al valor teórico. Esto ocurre porque el financiamiento se paga en función de la asistencia mensual de los estudiantes y del tiempo que cada alumno permanece efectivamente inscrito en el programa durante el año escolar.

Durante 2023, la subvención mensual por alumno con NEE permanente (NEEP) sin jornada escolar completa fue de $246.304,14 pesos, mientras que para aquellos con jornada completa, de $304.653,61 pesos.

En 2023, la subvención mensual por alumno con NEEP sin jornada escolar completa fue de $254.961,73 pesos, mientras que para aquellos con jornada completa, de $315.362,18 pesos.

Mientras que a partir de enero de 2025, la subvención mensual por alumno con NEEP sin jornada escolar completa fue de $258.021,27 pesos, mientras que para aquellos con jornada completa, de $319.146,53 pesos.

Estos montos demuestran que la subvención PIE aumentó paulatinamente desde la promulgación de la Ley TEA. Sin embargo, es posible identificar diferencias importantes en la entrega de estas subvenciones entre los diferentes establecimientos educacionales del país.

Los datos PIE obtenidos mediante la Ley de Transparencia muestran que suelen ser siempre los mismos establecimientos los que reciben los montos de dinero más alto.

• 2023

• 2024

• 2025

Para este reportaje investigamos los datos de la rendición de cuentas de los principales colegios que aparecen en las nóminas PIE en los años 2023 y 2024 (la fecha dependió de los registros disponibles más recientes de cada uno).

• El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, que encabeza la lista como el establecimiento que recibe mensualmente el monto PIE más alto, contó con un total de 2.505 estudiantes matriculados en 2024, de los cuales 534 corresponden a estudiantes NEE.

• NEET: 312.
• NEEP: 222.

Según los valores de la Subvención Educacional de 2024, el ingreso recibido por el total de alumnos NEET sería de $84.661.502,64 pesos mensualmente. Mientras que los ingresos por el total de alumnos NEEP sería de $70.010.403,96 pesos mensualmente.

Lo anterior da un valor de $154.671.906,92 pesos mensualmente por el total de los estudiantes PIE.

Según los datos de transparencia, durante 2024 recibió un total anual de $1.897.820.480 pesos chilenos, lo que osciló entre 68 y 94 millones de pesos al mes a lo largo del año.

En su declaración de la Cuenta Pública de 2024 no señaló el total exacto de recursos PIE utilizados.

• El Instituto Claret, durante 2024, contó con un total de 3.287 estudiantes, de los cuales 452 corresponden a NEE.

• NEET: 354.
• NEEP: 98.

Según los valores de la Subvención Educacional de 2024, el ingreso recibido por el total de alumnos NEET sería de $96.058.243,38 pesos mensuales. Mientras que los ingresos por el total de alumnos NEEP sería de $30.905.493,64 pesos mensuales.

Lo anterior da un valor de $126.963.737,02 pesos mensualmente por el total de los estudiantes PIE.

Según los datos de transparencia, durante 2024 recibió un total anual de $844.023.254 pesos chilenos, lo que osciló entre 62 y 74 millones de pesos al mes a lo largo del año.

En su declaración de la Cuenta Pública de 2024 no se encuentra definido el uso de recursos PIE utilizados de forma separada, sino que se entregan los gastos generales de todo el presupuesto.

• El colegio La asunción, con 2.570 estudiantes, no indicó el total de alumnos NEE durante 2023

Sin embargo, según los datos de transparencia, durante 2023 recibió un total anual de $779.039.490 pesos chilenos, lo que osciló entre 59 y 68 millones de pesos al mes a lo largo del año.

En su declaración de la Cuenta Pública de 2023 solo señaló de forma particular la inversión de $188.488.507 pesos para temas PIE.

1. El Colegio metodista William Taylor, durante 2023, contó con un total de 1.749 estudiantes, de los cuales no señala la cantidad de alumnos NEE.

Según datos de transparencia, durante 2023 recibió un total anual de $750.159.590 pesos chilenos, lo que osciló entre 53 y 66 millones de pesos al mes a lo largo del año.

En su declaración de la Cuenta Pública tampoco se encuentra definido el uso de recursos PIE utilizados de forma individual.

Además de los primeros colegios que aparecían en la lista de transparencia, se investigó uno de los colegios metropolitanos con mayor cantidad de estudiantes (número más cercano a las matrículas de los anteriores).

• El Liceo Javiera Carrera, durante 2024, contó con un total de 2.472 estudiantes, de los cuales 203 corresponden a NEE.

• NEET: 156.
• NEEP: 47.

Según los valores de la Subvención Educacional de 2024, el ingreso recibido por el total de alumnos NEET sería de $42.330.751,32 pesos mensuales. Mientras que los ingresos por el total de alumnos NEEP sería de $14.822.022,46 pesos mensuales.

Lo anterior da un valor de $57.152.773,78 pesos mensualmente por el total de los estudiantes PIE.

Según datos de transparencia, durante 2024 recibió un total anual de $358.834.662 pesos chilenos, lo que osciló entre 24 y 33 millones de pesos al mes a lo largo del año.

En su declaración de la Cuenta Pública señaló una inversión de $241.819.148 pesos chilenos en temas relacionados al PIE.

Aunque el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás tiene un 163 % más estudiantes con necesidades educativas especiales con respecto al Liceo Javiera Carrera, recibe también cerca de un 429 % más recursos del PIE. Esto demuestra un funcionamiento diferente en la entrega de la subvención.

Es importante señalar que estos montos son administrados directamente por los diferentes establecimientos educacionales, lo que implica que su distribución y uso pueden variar dependiendo de las decisiones internas de cada establecimiento y de la forma en que se organizan los equipos de apoyo.

Los altos números de estudiantes registrados dentro del PIE también se traducen en que los profesionales asociados al programa deben atender a un número elevado de estudiantes, lo que puede limitar el acompañamiento individual que cada uno puede recibir.

La profesora Claudia Baros considera que el aumento de los recursos ayudaría a evitar la sobrecarga con la que ella y muchos de sus colegas tienen que vivir día a día debido a la gran cantidad de niños en el Programa de Integración Escolar. Esto desde su experiencia trabajando con niños autistas desde el 2019, donde ha aprendido que las horas de planificación establecidas no son suficientes y gran parte del tiempo debe usar sus horas de descanso para terminar. Agrega que también debería existir la presencia de asistentes o especialistas en el aula junto con la adaptación profesional de instrumentos, porque un solo profesor no da abasto.

En una entrevista para este reportaje, la diputada Emilia Schneider señaló que “se ha creado una expectativa social que el Estado sí puede cumplir, pero tiene que cumplirlo precisamente avanzando con el tema de un mayor gasto social, y ese mayor gasto social tiene que financiarse con ingresos permanentes. Porque este no es un gasto que vaya a hacerse solamente una vez, sino que es una política pública que tiene en mente proyectarse en el tiempo. Entonces, tenemos que avanzar en un mayor crecimiento, en una mayor distribución de las riquezas para poder financiar políticas como estas”.

“Funciona como una ley macro, que establece principios como promover la detección temprana y avanzar hacia un abordaje integral desde la salud, la educación y otras áreas de la política pública. En ese sentido, creo que si bien es una buena ley, todavía le faltan presupuestos y recursos para poder implementarse de mejor forma”.

Carolina Marzán, exdiputada y autora de la Ley TEA, reconoció que a pesar de todas estas dificultades y de que la ley no es perfecta, sí ha tenido un carácter histórico por lo que se ha podido conseguir con ella en un contexto donde el autismo era aún más invisibilizado en Chile y que ahora, en cambio, el autismo ha sido puesto dentro del debate público, lo que abre la puerta a futuras transformaciones institucionales.

La madre de Matías, por otra parte, no puede compartir la misma visión. “Que venga una autoridad a mi casa. Que vea lo que es criar a un niño con autismo severo. Que lo intente llevar al supermercado. Que hable con el colegio y escuche cómo todo es ‘no se puede’. Y que después me diga si esta ley ha cambiado algo. Porque desde mi realidad, es solo una promesa vacía”.

A tres años de su promulgación, la Ley TEA sigue navegando entre la esperanza de lo que prometió y la deuda que aún tiene pendiente por cumplir. En un sistema que continúa operando con salas sobrecargadas, equipos y preparación profesional insuficiente, falta de acompañamiento y de apoyo especializado, las escuelas y las familias siguen luchando tratando de hacer lo mejor que pueden con los recursos que hay.

Aunque la promulgación de la ley marcó un hito en la visibilización del autismo, aún quedan desafíos en los que se debe trabajar para que la vida diaria de profesores y de familias como la de Carolina y Matías puedan sentir que la inclusión es algo real y no solo una promesa que se firmó con buenas intenciones.